Sociedades de beneficio e interés colectivo

En los últimos años nuestro contexto económico global ha sufrido múltiples
transformaciones, emergiendo así una cultura donde el desarrollo se encuentra guiado por
la sostenibilidad y el éxito empresarial está dado por el bienestar social y ambiental que
genera. De esta manera, dichas tendencias económicas más humanas, conscientes y
sostenibles han dado lugar al surgimiento de formas jurídicas de organización innovadoras
que, sin dejar de lado la existencia de intereses particulares, buscan brindar soluciones
colectivas a través de su actividad.

Como consecuencia de lo anterior, han aparecido las Sociedades de Beneficio e Interés
Colectivo, concebidas como un tipo de empresas que buscan impactar positivamente a la
colectividad con independencia de su carácter societario y de la actividad comercial que
desarrollan. De esta manera, se han comenzado a estructurar herramientas para promover
su creación y funcionamiento.

En esta misma vía, organizaciones como B Lab en Estados Unidos y Canadá y El Sistema B
en Latinoamérica han creado estrategias para la promoción de las empresas B y
adicionalmente han surgido proyectos legislativos en países como España, Reino Unido y
Argentina tendientes a crear marcos jurídicos que permitan a esas sociedades desarrollar
su actividad.

Pues bien, sumándose a esta iniciativa global, Colombia adoptó el modelo empresarial de
las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) a través de la Ley 1901 del 18 de junio
del año en curso, determinando sus características más importantes, como el régimen
aplicable, la denominación de las mismas y los requisitos para constituirse bajo esta figura.

Conforme a dicha Ley, las estructura de las empresas BIC gravita sobre tres ejes
principales: el interés por obtener no sólo un beneficio económico para la empresa y para
sus socios, sino también en favor de la comunidad; la existencia de deberes y
responsabilidades especiales a cargo de los órganos principales que impliquen que los
mismos dirijan parte de sus esfuerzos en obtener verdaderos beneficios para la sociedad y
el medio ambiente; y la implementación de reportes periódicos con el propósito de auditar
el impacto social de las actividades de la empresa.

Así, se espera que los empresarios se conviertan en verdaderos agentes de cambio y que su
actividad más allá de contribuir con desarrollo económico del país, permita solucionar las
problemáticas de carácter social y ambiental que afronta Colombia.